'Una sociedad que ha abolido la aventura convierte la abolición de esta sociedad en la única aventura posible'

sábado, 24 de septiembre de 2011

Carta a las compañeras de Joaquin Garcés

Dejo esta larga carta (extraida de la revista anarquista Abordaxe) de un luchador inquebrantable que ha pasado una larga parte de su vida en als prisiones del Estado. Joaquin, valiéndose de su experiencia personal que pasa por haber vivido las contradicciones más crudas del Sistema y por la confirmación de la tesis benjaminiana que dice que 'la excepción es la regla', hace un análisis general del panorama actual. Análisis que no está exento de una dosis de optimismo apoyado en la naturaleza humana. 
Larga vida para lxs que luchan!!


Un afectuoso saludo a todas:

Han pasado dos años desde que concluyó la campaña por mi liberación, un periodo de luchas en el que muchas de vosotras estuvisteis implicadas con todo tipo de actuaciones que os agradezco una vez más. Éste tiempo, además de haber servido para recuperarme de los importantes estragos que ocasionó en mí la institución penitenciaria, ha dado lugar a que hayan sucedido algunas otras cosas relacionadas con aquella campaña que os quiero comentar. Para muchas de vosotras algunos aspectos del asunto no son nuevos, pero para otras personas si lo serán. Por ésta razón haré mención de los más conocidos, pero de la forma más escueta que me sea posible. Incidiré más en otros de importancia que han sucedido recientemente en un proceso que no finalizó con mi puesta en libertad. E igualmente haré con una crítica al Poder que encuentra sus fuentes en las efectuadas tradicionalmente por las anarquistas, pero que al contextualizarla en unas vivencias propias especialmente singulares espero que adquiera la suficiente rotundidad como para que podamos servirnos de ella a modo de herramienta de lucha. ratando de seguir una correlación de hechos os diré que ingresé en las prisiones del Estado español en el año 1980, en las que permanecí, mediando varios quebrantamientos de condena, hasta el año 2009. El motivo que me llevó a ésta situación es, en esencia, la existencia de un ordenamiento penal que sanciona la insubordinación contra los poderes político y económico (Sistema en lo sucesivo). Si lo digo así, sin considerar los hechos como constitutivos de la causa, es porque entiendo que es la figura penal la que da paso a la existencia del delito, algo que es ajeno a la legitimidad de la acción. Pero al margen de estas consideraciones se me recluye, al menos se dice así, para que se me aplique el tratamiento penitenciario. Un tratamiento que, ya entonces, se suponía que había de ser conforme a los principios de la justicia positiva en los que se inspiran los ordenamientos penal y penitenciario del Estado. Quería decir ésto que la institución penitenciaria pondría en práctica conmigo “técnicas individualizadas, múltiples y complejas” que servirían para que yo comprendiese lo erróneo de mis pensamientos y de mi conducta. Aunque lo cierto es que no recuerdo que jamás se hiciera nada en tal sentido, siendo la valoración que hoy puedo hacer respecto a sus efectos que ha servido para reafirmarme en la veracidad de mis convicciones y el correcto sentido de muchos de mis pasos.

Pasado muy poco tiempo desde mi apresamiento comprendí, mediante la observación del proceder de la institución y las reflexiones a que daba lugar, que en lo que verdaderamente consistía el tratamiento era en pura y dura represión. Esta represión, consecuentemente, me generaba rabia e indignación, lo que a su vez me llevaba a un mayor grado de rebeldía. La institución respondía siempre a ella con más represión– fue una constante desde el primer día hasta el último de mi encarcelamiento– entrando en una escalada sin fin en la que llegado un momento determinado, la cuestión principal para mí ya no era tanto el seguir rebelándome contra una institución percibida en mi propia persona como cruel, injusta e inhumana, sino sobrevivir a una situación en la que, así se me hizo evidente, lo primero que había perdido de vista el Estado son esos mencionados principios humanistas de la justicia positiva en los que entroncan los principios constitutivos del Estado moderno. Ante cualquier objeción a lo dicho, por supuesto muy legítima, recuerdo a quien la haga la existencia de unas aterradoras tablas de tasas de mortalidad y enfermedad en prisión. Pero podrían ser más espantosas aún –y causar mucha vergüenza a quienes hoy respaldan que se apliquen las actuales políticas penitenciarias– si las mismas reflejaran los fallecimientos que se producen al poco tiempo de la liberación, las graves secuelas físicas y psicológicas ocasionadas por el encarcelamiento que no producen muerte inmediata, o tasas parciales, que tampoco se dan, en lo que se refiere a las personas con largas estancias en prisión y/o sometidas a regímenes especiales. En estos últimos casos unas tasas ya inaceptables en términos generales se multiplican hasta un extremo tal que no veo yo cómo, conociéndose el dato, se podría convencer a nadie para que asumiese tanto dolor y tanta muerte como consecuencia de un tratamiento del que, muy al contrario, se dice que pretende nada menos que la rehabilitación de la persona a la que se aplica.

La unión del aislamiento con un mundo delirante alrededor incentiva la reflexión y era como aparecía el Estado a mi vista –al reflejarse sus actos y su estructura en la institución penitenciaria en la que estaba atrapado– como la concrección política de la voluntad de los hombres y mujeres del Sistema. Esta realización se definía como el entramado institucional que garantiza el acatamiento, por parte de la mayoría gobernada, de los designios de la minoría en el Poder. Y me daba cuenta de que la existencia de tal entidad la posibilitaba una idea preconcebida: el marco jurídico-político que la constituye formalmente y le aporta su lógica. Por supuesto, una lógica de dominación, en función de la cual el cuerpo legal que se crea es un referente formal que se levanta como el puño de las opresoras puesto sobre la cabeza de las oprimidas, diciéndoles en todo momento y de forma inapelable tanto lo que es un delito, como aquello que es correcto hacer para combatirlo. Si ya es una cuestión muy criticable que una voluntad parcial y clasista así tenga el poder de formular las leyes –determinando a través de ellas algo tan contradictorio como que conductas de las personas son criminales, pero sin embargo legales si son efectuadas por el Estado– resulta espeluznante constatar como incluso un marco de referencia tal puede ser transgredido por el Estado en la práctica con facilidad. Matizo lo dicho: es inherente a la estructura estatal la posibilidad de que la transgresión se produzca. Es así porque lo que se consagra con la Norma, por extensión de ella, es la realidad –aunque se trate de una realidad espectacular sigue siendo real y concreta– donde se realiza la política del Estado moderno. Un espacio político trascendente a las personas gobernadas, pero al mismo tiempo también un no-lugar en el que el Estado produce su propia ontología. Puede afirmar por ello –y por el hecho de afirmarlo el Estado adquiere categoría de verdad proposicional en un espacio así– que si existe en su práctica la justicia positiva. Por idéntica razón puede decir también que lo realmente existente para la gente humilde en el mundo donde vive –como el imperio de una voluntad arbitraria que actúa siempre a su conveniencia, tanto cuando promueve que se promulguen unas leyes como cuando se ampara en otras para conculcar aquellas que no le interesa cumplir– en su realidad no existe. La realidad que produce el Estado se impone invariablemente a cualquier otra cuando la contradice, siempre es así en cualquier dialéctica Estado-población. Y lo es porque el Estado tiene la fuerza precisa para imponer una Norma que rechaza, incluso ontológicamente, que lo existente pueda ser otra cosa diferente a lo que el discurso estatal afirma de sí mismo.

Lo que acabo de decir sería fácilmente refutable por especulativo si yo no pudiera argumentarlo con hechos concretos, pero se da el caso de que sí puedo hacerlo. Son hechos probados, incuestionables como tales, cuya lógica aparece precisamente cuando se analizan a la luz de lo que afirmo. Entre las personas afectas al Sistema habrá quien diga que demostrar la existencia de uno o unos pocos casos anómalos no significa demostrar la existencia de un problema estructural y de fondo, pero rechazo este argumento con rotundidad. Su lógica se corresponde con la propia de un Sistema que necesita externalizar, al ámbito de lo puntual y lo reformable, todo aquello que considerado como estructural, sistemático e irresoluble lo pondría en cuestión radicalmente. Por ello incluso marca los pasos que ha de seguir la reflexión. Pero confío en que más allá de la mentalidad producida hoy desde el Sistema sigue estando cierta capacidad de las personas, en especial entre las anarquistas, para discernir lo razonable a poco que se explique.

Llevando en prisión más de 25 años y estando sometido a uno de los tratamientos más severos que la institución penitenciaria es capaz de dispensar –con la aplicación del pernicioso régimen penitenciario FIES-3 incluida– tuvimos conocimiento de unos hechos que significan un desacato judicial, por parte de la institución penitenciaria de este país, que no tiene precedentes conocidos: ésta no había hecho efectiva una resolución judicial que desde el año 1992 había reducido mi condena en 12 años, razón por la cual había permanecido en prisión cinco años más de los debidos. Si yo hubiese tenido encerrada a una persona durante ése tiempo en contra de su voluntad, cosa que afortunadamente jamás he hecho, ésto habría sido considerado por la ley como un secuestro de una crueldad sin precedentes, lo que hubiera dado lugar a que fuese juzgado y condenado con arreglo a la figura penal correspondiente. Sin embargo encerrar es algo que el Estado sí puede hacer conforme a derecho y se le llama “pena privativa de libertad”. Pero cuando el Estado sigue privando de libertad a través de una dirección general dependiente del poder ejecutivo –como está demostrado que sucedió– yendo más allá del mandato de un órgano del poder judicial, entonces, como lo hace el Estado, con arreglo a las normas que él mismo formula se dice que ha habido un “funcionamiento anormal de la Administración”, jamás un secuestro. Tiene que ser así pues siendo el Estado quien promulga la ley jamás puede cometer delito. Es más, incluso se dice que los funcionarios públicos, por el hecho de serlo, no pueden actuar de mala fe. Aunque mala lógica es ésta si lo que se pretende con ella es convencer a nadie de lo erróneo del desacato al Estado y sus leyes, entre otras razones porque una infalibilidad así merece idéntica credibilidad que la papal: ninguna.

Incluso después de conocidas unas actuaciones tan irregulares vino a suceder algo que evidenció uno de los fines no explícitos que persigue el Estado con la aplicación de las penas de prisión. Se podía suponer erróneamente, al menos por parte de aquellas personas para quienes el Sistema sí ofrece alguna garantía, que tras lo sucedido se iba a efectuar un procedimiento de liberación por vía de urgencia. Pero con lo que nos encontramos fue con un lento y farragoso proceso penal durante el cual hube de permanecer en prisión un año más. Esto fue así porque los pasos burocráticos dispuestos por ley al efecto y su lentitud dificultaban mi puesta en libertad. También porque se produjeron actuaciones judiciales de difícil comprensión que la demoraban. Era imposible creer, por ejemplo, que quien llevaba a cabo estas actuaciones, el fiscal, no supiera que sus argumentos cuando recurrió una inicial resolución judicial de puesta en libertad eran insostenibles por inciertos, algo que además se demostró a la postre. Lo que supuso, visto todo ello desde aquella perspectiva, que me pareciera que estábamos en una situación de atasco. Tratando de forzar una solución fue por lo que hube de iniciar acciones ajenas a los procedimientos legales que llevaron mi salud hasta un límite muy peligroso, al mismo tiempo que las compañeras ejercisteis toda clase de presiones, entre ellas una campaña internacional por mi liberación que comenzó a preocupar a quienes tienen en el prestigio uno de sus mayores motivos de preocupación. Punto en el que estábamos cuando el Estado por fin se pronunció con claridad respecto a sus pretensiones: podía facilitar mi salida mediante atajos que le permiten sus leyes, pero únicamente si yo firmaba antes un documento de arrepentimiento. Al igual que hemos podido ver en otras ocasiones, lo más importante para el Estado no era el tener que liberar a una persona que le es hostil, como tampoco lo es nunca el hecho de encarcelar en sí. Lo que prevalecía para él, como siempre, era la cuestión política del reconocimiento, el sometimiento a sus designios, algo que se quería obtener entonces a través del trámite de que yo pidiera perdón por haberme rebelado contra el Sistema. No firmé un documento así. Si en otras circunstancias hubiese tenido muy serias reticencias, incluso cuando éstas me costaran la libertad, en aquellas me pareció una pretensión obscena. Seguimos luchando y seis meses después hubo de liberarme porque tuvimos la fuerza precisa para hacer valer nuestra razón, no por tener la razón jurídica. Siendo hoy esta gran diferencia tan ilustrativa para nosotras como una correcta comprensión respecto al porqué de la importancia que el Estado otorga a su legitimación. Aunque en aquel momento, en lo inmediato, lo que todo aquello supuso para mí fue el poder atravesar la Puerta de Hierro con una sonrisa en los labios, pensando que aquella historia, al fin y al cabo, no había terminado como el 1984 de Orwell.

Al llegar a éste punto nos dijimos: “bueno, lo sucedido es un cúmulo de disparates, pero al menos se reconoce por un tribunal la certeza del hecho y su irregularidad. Si bien es sangrante que frente a cinco años arrebatados a la vida de una persona lo único que podamos hacer sea presentar una reclamación económica, lo cierto es que 28 años de encierro ni mucho menos han venido a mejorar mis posibilidades de supervivencia en el mundo actual, ya de por sí muy difícil. El poder llevar mi vida a un punto aproximado al que habría de estar de no mediar lo ocurrido, ironías de la vida, podría ser un sustituto del trabajo de reinserción social que jamás se hizo”. Así que tratando de no hacer demasiada mala sangre nos dispusimos a presentar la pertinente reclamación.

Aunque hacerlo no iba a ser tan fácil y fue en aquel preciso momento cuando nos dimos cuenta de un detalle al que hasta entonces no concedimos demasiada importancia, pero que pasados unos pocos meses se ha mostrado decisivo. Una institución penitenciaria que no había puesto en mi conocimiento el Auto que en 1992 reducía mi condena. Que había incurrido, también, en un “osado incumplimiento del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5ª” que me progresaba a un régimen de semi-libertad en el año 2001, para más escarnio cuando había extinguido ya la pena sin saberlo. Que no me había puesto en libertad cuando le correspondía hacerlo... En definitiva: una institución penitenciaria que había incumplido resoluciones judiciales en mi perjuicio y con reiteración a lo largo de los años, cuando por fin y por primera vez en mi vida me pone en libertad, atendiendo para ello a un Auto de la Audiencia Nacional ¡tampoco cumple éste Auto con literalidad! Porque en el mismo la Sala ordenaba que se efectuase una liquidación de condena con arreglo a los datos que ella misma rectificaba a prisiones y que se me entregara dicha liquidación, pero tal cosa no se hizo y se me puso en libertad sin realizar el trámite que pone fin al expediente.

Se inició entonces un periodo de espera y solicitudes que no nos llevaba a ninguna parte. La cárcel de Valdemoro, desde la que fui puesto en libertad, no había enviado la liquidación de condena al domicilio que facilité al efecto. Se realizaron gestiones ante la Audiencia Nacional y ésta requirió a la cárcel para que “diese cumplimiento a su Auto con literalidad”. Pero tras varios silencios a los requerimientos judiciales nos encontramos con una respuesta de la cárcel del todo estrafalaria:“mi libertad se había producido por mandato judicial y en tales casos no es costumbre dar la liquidación de condena”. Desde luego que no suele hacerse, pero no por una cuestión de costumbres. Lo habitual es que las libertades que se producen por mandato judicial sean las de las presas preventivas y respecto a ellas no hay condena que liquidar. Contrariamente, cuando a quien se libera es a una persona que ha extinguido su condena, el cómputo de abonos se da por finalizado y siempre la hay. Aunque sea inusual una libertad como la que se produjo en mi caso, con más razón aún cuando la circunstancia excepcional se deriva de una anomalía que da lugar a que un tribunal tenga que dar por extinguida la pena y ordenar la puesta en libertad, la excepcionalidad del procedimiento no puede excluir que se entregue la liquidación de condena, mucho menos cuando se ha pagado hasta el último día de la pena y cinco años más. La argumentación de la cárcel viene a evidenciar la atrevida arbitrariedad con la que me ha tratado durante 28 años de mi vida. Aunque también nos indica algunos de los pasos que se dan para construir la verdad oficial, ésa que es capaz de anular certezas razonables y evidencias hasta el extremo de que quien la posee puede permitirse tanta osadía.

Por fin es la misma Audiencia Nacional, enfrentada a una situación que incluso allí se comenzaba a percibir como kafkiana, quien decide poner fin a un expediente que con anterioridad había calificado en Auto de “extrambótico”. Libra para ello un documento“a los efectos pertinentes”, entendemos que también a los de presentación de la reclamación pues quien lo emite es un órgano judicial y que lo hace en firme, así que la cursamos ante el Ministerio de Justicia.

Pues bien, que hartazgo no podremos tener cuando transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud ¡nos hemos encontrado con otra de esas verdades burocráticas que son capaces de imponerse a la sensatez más elemental! El Ministerio de Justicia nos dice que “se desestima la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo”. Argumentando para ello que el plazo de presentación es de un año a partir de que ésta se puede interponer, momento que viene determinado por diversas Sentencias del Tribunal Supremo y una Resolución del Consejo de Estado que disponen “que el plazo comienza a partir de que se dicta la resolución judicial firme que prueba el hecho”. Es decir: se hace abstracción de la circunstancia de que no existe jurisprudencia de casos siquiera similares al que nos ocupa. Y se pretende aplicar, sin que haya muchas dudas que para llegar al punto donde se quería ir a priori, una jurisprudencia que no se ajusta ni remotamente a la tipología de los hechos en cuestión. Resulta muy difícil creer que haya podido pasar desapercibido a quien responde que el caso no solo consiste en que una persona haya pasado cinco años en una situación de “prisión indebida” por un “funcionamiento anormal de la Administración”. Está documentado en el expediente que lo que también se produce es una larga serie de despropósitos sin precedentes conocidos, y sin que por tanto pueda haber jurisprudencia al respecto. Siendo el denominador común de ellos el incumplimiento de mandatos judiciales desde la misma Administración, incluyendo el que permite presentar la pertinente reclamación en modo y forma. Es en esta circunstancia anómala donde radica la diferencia esencial que impide considerar de aplicación la jurisprudencia existente y quien ha dictado la resolución lo sabe. La Sentencia resolutoria y la liquidación de condena no son simultáneas y no lo son porque se produce ¡otro funcionamiento anormal de la Administración! La liquidación se convierte por ello en el último acto judicial relacionado con el expediente, aunque sea también inusual. Pero al ser todo ello consecuencia del funcionamiento de la Administración no es de recibo decir que el plazo de presentación lo determinen Sentencias que no contemplan dicho supuesto. Aunque la sabiduría popular daría a lo sucedido una explicación incontestable: “hecha la ley
hecha la trampa”.

Se nos abre ahora la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, pero a la luz de lo sucedido y relatado en esta carta es cuando a mí me surgen muy serias dudas respecto a qué puede ocurrir. Son ya demasiadas las actuaciones de órganos del Estado que venimos observando en las que éstos construyen realidades en su propio beneficio, sin que tenga demasiada importancia ni siquiera su grado de absurdo, para que podamos tener confianza en los resultados del trámite. No obstante lo presentaremos, pero teniendo muy en cuenta que las acciones apreciadas no hacen otra cosa que reafirmarnos en la idea de que poca justicia se puede obtener cuando el concepto de justicia nos es externo y lo formula a modo de absoluto quien mantiene con nosotras una posición social antagónica. Así que la única garantía que nos ofrece el procedimiento es que va a servir para validar ésta afirmación. Contradice lo sucedido hasta ahora cualquier aseveración que se haga respecto a la soberanía del pueblo, o la afirmación de que las leyes que lo rigen sean su propio producto libre y consciente. Siendo ésta precisamente la cuestión en que nos convendría que no pudieran engañar a nadie: la evolución del Estado obliga a que la población reconozca la soberanía, pero el que lo haga ni mucho menos es garantía de que sea de forma libre y consciente. Es más, aunque lo hiciera de tal forma sería una equivocación. Se produciría entonces la paradoja de que el libre ejercicio de una decisión en un momento determinaría la consiguiente esclavitud, un viejo problema de la soberanía al que se han dado muchas respuestas a lo largo de la historia, pero a cual menos convincente y que por ello ha supuesto el fracaso de numerosos modelos.

Al llegar a éste punto es cuando todas nos hemos preguntado en alguna ocasión ¿cómo es posible que un Sistema totalitario y sin escrúpulos siga obteniendo la servidumbre voluntaria después de lo que nos enseña la historia? ¿Por qué la dificultad que tenemos en lograr que se abra camino una crítica al Poder que sabemos que es correcta? Inquietantes preguntas siempre, especialmente cuando nos damos cuenta de que pese al agotamiento de todos los precedentes conceptuales con los que se ha tratado de legitimar la soberanía, el Sistema hoy es capaz de reeditar el Leviatán hobesiano produciendo él mismo el consenso. Aunque cosas de la tozuda realidad, el tratamiento penitenciario fracasa en ocasiones y una de las cosas que yo le tengo que agradecer a su fracaso es haberme facilitado la comprensión de un fenómeno que nos da muchos dolores de cabeza y al que algunas personas llaman la posmodernidad. En cómo los antiguos carceleros vociferantes y aporreadores se fueron hibridando con otra nueva clase de técnicos del tormento, está para mí una de las claves que la explican con más claridad.

El esquema conceptual posmoderno es el viejo cuento de siempre, aunque ahora se le llame Nuevo Orden Mundial. Pero sí tiene alguna novedad este Orden, como que en él ha sido reconocido por el Sistema como un hecho cierto que lo que le sostiene o pone en la picota, antes aún que el monopolio de la violencia, es la mentalidad de las personas gobernadas. Así que actúa sobre ellas con técnicas y medios desconocidos hasta ahora, siendo capaz de lograr que la alienación histórica no sea percibida y ser reconocido por ello como legítimo. Estos medios provienen del desarrollo de un concepto antinatural de Progreso que, llevado a su último extremo, ha dotado al Sistema de las herramientas que le permiten tratar como una mercancía más incluso la subjetividad de las personas. Son herramientas que encontramos siempre en todas las instituciones, pero no conviene que caigamos en el error de considerarlas tan sólo parte de la entelequia en la que trata de velarse el Sistema para hacerse así más esquivo, que es una de las formas que tiene de blindarse y la principal razón de que a veces se le busque sin que se tenga demasiado claro donde está. Las herramientas producidas por el Sistema y que producen Sistema en sus fábricas, las instituciones, son personas que se nos presentan en forma de pedagogas, psicólogas, sociólogas, educadoras, políticas, periodistas, sindicalistas...Son las especialistas en algo y su rasgo común es que siempre nos hablan en el lenguaje del Sistema, que utilizan su misma lógica en positivo, que son Sistema. Cuando nos abordan ya no suelen utilizar el viejo lenguaje de la coacción sino que nos dicen que pretenden ayudarnos, y en ocasiones incluso podría parecer cierto pues a menudo también pretenden potenciar aquella parte de las cualidades humanas que el Sistema desea utilizar. Es lo más perverso de su proceder. Al mismo tiempo que tratan de facilitar la adaptación de las personas al entorno, e incluso incentivar que éstas lleguen a ser brillantes en algunos aspectos de la vida, causan en ellas una fragmentación de la racionalidad que provoca que a menudo no sepan diferenciar la mentira de la verdad. No podría ser de otra manera. El objetivo prioritario que tienen es que la gente común admita como ciertos hechos absurdos: que su libertad consista en delegar el poder de decisión sobre sus vidas, que lo justo sea que las cosas que son producto del esfuerzo de generaciones de personas como ellas estén en manos de la minoría que legisla y gobierna, etc. Que el proceso que lo posibilita produzca una clara degradación de las personas, por ejemplo al quedar muy deteriorada una parte de la capacidad cognitiva de las mismas, es algo que se asume por el Sistema con la misma lógica utilitarista y criminal que lleva a los Estados a ignorar el daño que causan con sus cárceles, los que ocasionan a sus mismas poblaciones cuando se declaran la guerra, etc. De lo que se trata, por encima de todo, es de que obedezcan y produzcan, de que no cuestionen al Sistema soberano, pero que además estén convencidas de estar haciéndolo de forma libre y consciente. Esto último es la clave de la gobernabilidad y lo que en realidad nos dicen cuando se refieren a esos grandes avances realizados en la política que nunca nos explican con claridad.

Mediante un desarrollo constante de las mencionadas técnicas es como trata el Sistema de adelantarse a otro de los grandes problemas históricos de los paradigmas de dominio: el de su corrupción. Una fase de disolución ésta en la que han entrado siempre todos los precedentes, como preludio de su extinción, cuando han perdido la credibilidad y no han podido sostenerse sólo mediante el uso de la fuerza. La novedad de cómo se afronta hoy ésta cuestión es que en el mismo momento en el que el Sistema aprecia signos de que la cualidad de las personas sometidas se está recuperando, de que sospechan que se las está engañando y comienzan a cuestionar la legitimidad de las leyes, el ejercicio del poder y que la propiedad esté acaparada por una minoría oligarca, éste asume que una vez más se ha visto superado por la variable más potente que ha irrumpido en la historia: el ser humano. Al contrario de lo que sucedía antaño, comprende que ya no puede seguir actuando solamente sobre las personas. Que si lo hace de así, al igual que sucedió con todos los modelos históricos, habrá de enfrentarse a un proceso revolucionario en el que estará debilitado. De modo que se reinventa a sí mismo, apoyándose para ello en sus legiones de especialistas, y crea otra realidad política que por supuesto siempre es un más allá de la precedente. El componente de alienación que había comenzado a ser criticado en la anterior sigue presente, es inevitable ya que está en la misma naturaleza del Sistema. Pero lo que se pretende creando otra realidad no es más que darse un nuevo margen de tiempo hasta que sea puesta de nuevo en cuestión, durante el que seguirá actuando sobre las personas para convencerlas de que han de acatarla. De esta manera se cree haber resuelto el viejo problema de la corrupción. Y se espera que sea así, tantas veces como el ciclo se repita por toda la eternidad, hasta el extremo de que hoy bastantes personas hablan del fin de la Historia. La aparición del concepto es algo que nos sirve de ejemplo para valorar los efectos que causan los procesos de producción de mentalidad. Está claro que las gobernantes y propietarias ven con simpatía algo que de ser real significaría el fin de la lucha de clases. Pero ya no se entendería tanto de no mediar éstos que personas que se tienen por progresistas, no reparen en que si el concepto tuviese el contenido que se le da significaría la victoria absoluta y para siempre de la clase opresora.

La esperanza del Sistema en la infinitud de su método no es otra cosa que fe ciega en su casi teológico concepto de Progreso, que espera tener siempre por delante de la capacidad de las personas. Pretende engañar así a todo el mundo y que sea para siempre. Con lo que además de evidenciar lo poco que aprende de la observación de que a lo largo de la historia las personas siempre acaban por cuestionar al Poder, da también la medida de su mezquina mediocridad, su afán autoritario y su utopía. Ni por muy innovadores que sean los medios es posible engañar a todo el mundo, mucho menos eternamente, principalmente porque en los márgenes de su actuación siempre quedan personas refractarias a ella, que son el fermento de que una y otra vez se le ponga en tela de juicio. Se refleja además en la pretensión de dominio el error ético que subyace bajo otro de sus errores filosóficos, que a su vez da paso a uno de sus mayores errores políticos: siendo el Sistema y sus realizaciones tan sólo una parte de la naturaleza, aunque no se reconozca como tal y sea la más anti-natural de ellas, intenta imponerse a la totalidad de la misma y someterla. Por ello trata de producir un nuevo ser humano modelado a conveniencia, que además superaría las críticas que se hacen al Sistema en el sentido de que tras la muerte de Dios causó la muerte del Hombre. Pero cuando lo hace ignora el bien conocido hecho de que la vida siempre termina por resurgir, pese a todas las violencias que se le hacen, por muy dura de oído que sea toda esa gente que se empeña en mediar sus relaciones con la naturaleza a través de la fuerza: matando, encerrando, explotando, interfiriendo, torturando...en resumen: violentando.

Como podeís ver compañeras no espero mucho más, además de contaros algunas cosas, que mover un poco los decorados del local donde se representa la función. Intentar que así se vean las tramoyas con más nitidez, y que se facilite la percepción de la falsedad del espectáculo. En un momento en el que tantas nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos pienso que es algo que se lo da, y en cualquier caso quiero hacer mención de una gran diferencia: las anarquistas sí confiamos en la dimensión humana de la persona. En que se impondrá a la tiránica voluntad anti-humana y anti-natural de quienes hoy nos hacen objeto de su violencia, no menor ni menos fascistoide porque traten de ocultarla bajo formas sutiles y complejas. En que la vida acabará por desbordar tanta barbarie. Y que llegará un momento en el que ya no será para posibilitar un nuevo ciclo de corrupción, sino para abolir el Estado y cualquier forma de dominación.

Es un proceso de liberación en el que continuamos, y pienso que no sólo es consecuencia de mecanismos de equilibrio inherentes a la vida. Tienen mucho que ver en él los actos de libertad que hoy, como siempre, siguen escapando a una odiosa concepción de la voluntad de poder que se confronta, antagónica e inconciliable en un conflicto a muerte, con nuestra voluntad de vivir. Efectuados en un mundo que nos niega como personas, consisten principalmente en las resistencias que ofrecemos a la lógica del Sistema. Concretándose éstas tanto en los múltiples conflictos que se nos presentan con todas las instituciones atravesadas por su lógica, como cuando atacando tan ilógica lógica erosionamos la idea sobre la que se fundan sus realizaciones. En estas luchas, a veces sólo con someter a crítica las opiniones de algunas personas, el Sistema siempre se deja algo del reconocimiento que le sostiene. Pero además son también las que definen las dimensiones del poder individual que ejercemos y del espacio político donde concretamos la libertad en función de un criterio autónomo, algo que en sí mismo constituye siempre una victoria.

Mientras sucede todo esto algunas personas vivimos con la serenidad que da saber que nunca podrán arrebatarnos la dignidad humana y política, una certeza que yo le tengo que agradecer al Estado. Lo decía al inicio parafraseando a Mário Benedeti:mis carceleros me han confirmado, en los hechos y sobre mi persona, la validez de mis convicciones y el sentido de mis pasos. No es casual que haya sido en el lugar donde la barbarie autoritaria es más visible, y el espejo más filedigno donde se refleja la verdadera cara del Sistema: el crimen.

La crítica es un arma cargada de futuro y la complejización del Sistema su aliciente.

Salud a todas y viva la anarquía. (verano de 2011)

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