No soy un experto conocedor del trabajo de controlador aéreo ni de sus condiciones laborales. Por eso no entraré a discutir lo lícito del salario que cobran o aspectos concretos de sus condiciones laborales. Para eso ya están los sindicatos, Aena y el Gobierno. Pero sí quiero aportar algunas cuestiones entorno a lo sucedido estos días con los controladores.
El conflicto acerca de sus condiciones laborales (y estas no sólo tratan del salario, como parece que algunos están interesados en apuntar) se arrastra desde hace varios años ya. En vista que no han llegado a un acuerdo sobre cómo regular el trabajo de controlador aéreo el Gobierno publica en el BOE un Decreto-ley que permite militarizar las torres de control y considerar a los trabajadores como militares con el resultado de limitar sus derechos de protesta en un conflicto social y aumentar las penas por desobediencia. La empresa contentísima. Y más cuando hace menos de una semana que se confirmó la privatización de Aena, iniciando movilizaciones los sindicatos (no sólo representantes de los controladores, sino del resto de colectivos afectados) de cara a diciembre.
Se pueden extraer algunas conclusiones de lo ocurrido. Primero, que cuando los trabajadores (como conocedores de su trabajo mejor que nadie) se implican en la regulación del mismo, topan con los intereses de la empresa. Cualquiera que haya entrado en conflicto en cualquier empresa sabe que esto es así. Lo es porque los intereses de los que gestionan y de los que trabajan son radicalmente distintos. Segundo, que el Gobierno en lo que está interesado es en mantener la economía, cosa que implica mantener la buena sintonía con las empresas y pasar por encima de los intereses de los trabajadores. Y cuando esto sucede en un sector económico tan importante para el turismo y en unas fechas tan señaladas, pondrán toda la carne en el asador, esto es, el uso de la amenaza militar y la ley (para más inri la ley militar en este caso).
Todo esto supone un precedente de lo más peligroso cuando se radicalicen los conflictos laborales y sociales. El estado de alarma decretado supone la suspensión de algunos derechos fundamentales constitucionales y permite por ejemplo ocupar fábricas e industrias, limitar la circulación de personas o vehículos y requisar temporalmente todo tipo de bienes. No es que pensemos que vaya a ocurrir esto de inmediato ni mucho menos, pero es un precedente peligroso en una situación de crisis social, económica y política.
No queremos dejar de notar la incapacidad de los controladores para transmitir sus deseos al resto de trabajadores, creando al menos lazos de comprensión, sino de solidaridad (quizás no respecto al tema económico o técnico pero sí al de autogestión del trabajo y dignidad) y la aparente falta de transparencia con que se realizan las negociaciones (creemos que mejor es hacer extensivo al resto de trabajadores lo que se exige, propios si puede ser; ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación de masas (ver Ruptura 6)). Si esto no se produce la guerra mediática está ganada por la empresa y el Gobierno, suponiendo esto una avalancha de críticas por parte de la población. De esta forma, empresa y Gobierno se permiten acusar de chantajistas y etiquetar al resto de trabajadores (usuarios en términos de consumo) como rehenes, cuando paradójicamente son ellos los que han fomentado la situación a la que se ha llegado en el conflicto laboral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.