En esta cuarta semana de enero mientras el sindicalismo combativo y los movimientos sociales hacían huelga y se manifestaban en casi todo el Estado Español, Gobierno, sindicatos traidores, parlamentarios y patronal han continuado aplicando partes importantes, y especialmente gravosas para la población, del Plan de Ajuste impuesto por el poder económico neoliberal. El Gobierno ha presentado esta semana un deplorable plan de empleo juvenil que precariza aun más el acceso al empleo de los y las menores de 30 años para fomentar la competitividad de las empresas. Todo, en pro de un nuevo modelo productivo que nos dirige hacia la sostenibilidad de un capitalismo cada vez más encaminado hacia prácticas esclavistas.
También, coincidiendo con la publicación de los datos de la última Encuesta de Población Activa en la que hemos batido el récord histórico de desempleo, el Gobierno ha propuesto un plan de políticas activas de empleo, fundadas en el presupuesto de que no hay que alimentar vagos y que la reducción de ayudas es la mejor manera de hacer que la gente encuentre trabajo. Esta propuesta excluye a nuevos colectivos de la contabilidad del paro registrado, lo que supone un nuevo mecanismo que falsea a la baja -todavía más- el índice que elabora los sistemas públicos de empleo.
Por otro lado, el Gobierno ha dado otro paso en su decidido avance hacia la privatización de las Cajas de Ahorro. Este proceso privatizador, que comenzó con el FROB y la LORCA, continúa ahora con el anuncio de la recapitalización de las cajas con 20.000 millones de euros y con la fecha establecida para servirlas limpias y saneadas al Capital Internacional. Por cierto, los portavoces de los grandes bancos de inversión, en concreto la calificadora Fitch, ya han anunciado que los 20.000 millones se quedan cortos y que ellos estiman necesarios entre 50 y 60.000 millones de euros.
Ante esto, el Ejecutivo anuncia que este rescate no costará nada a la población. Pretende con ello reproducir la estrategia llevada a cabo con el rescate a la banca y a la industria de la construcción. Mientras tanto, la deuda pública del Estado, a la que se culpa de todos los ajustes “necesarios”, creció más de un 20%.
Finalmente y de una forma más descarada que a la que nos tienen acostumbrados, nuestro hiperactivo Gobierno junto con la práctica totalidad de los entes de la democracia representativa, han encarnado los intereses de ricos y poderosos, aprobando de forma conjunta la reducción del sistema público de pensiones en 80.000 millones de euros anuales. Paradojicamente, al menos una buena parte de éstos, se emplearán en costear la privatización del propio sistema de pensiones, a través de exenciones fiscales y otros mecanismos.
En este arranque de “responsabilidad”, Gobierno, sindicatos y partidos políticos se han esforzado por demostrar a las instituciones financieras internacionales que no hace falta que intervengan nuestra soberanía económica para garantizar los intereses del capital. Con la máxima desvergüenza, demuestran a bombo y platillo que ya son ellos los que se encargan de que los ricos sean cada vez más ricos. Por el momento, los principales puntos del “Pacto de Estado” para desmantelar las pensiones públicas queda de la siguiente manera:
Jubilación a los 67 años con 37 años cotizados.
Jubilación a los 65 con 38,5 años cotizados.
Prejubilación a los 63 años con pérdida de entre el 24 y el 30% de la base reguladora.
Aumento del los años de cómputo para el cálculo de la base reguladora de 15 a 25 años.
Aunque queda sin modificar el número de años cotizados necesarios para acceder a una pensión contributiva (15 años para cobrar el 50% de la base), ni la pensión de viudedad, nuestros vigilantes del poder económico pueden estarse tranquilos, pues queda todavía trámite parlamentario para rato.
El acuerdo en la aplicación progresiva, esa que parece que no va a llegar nunca, queda de la siguiente manera:
* La aplicación progresiva del aumento de los años de computo para el cálculo de la base es una estimación ya que aún se está negociando la forma de aplicarlo
** Evolución descontando IPC que es la forma de medir la pérdida de poder adquisitivo.
Extraido de Ciudad Futura.
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